La cláusula que establece para el consumidor la obligación de hacer frente a los gastos de notario, registro de la propiedad y el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, derivados de la constitución del préstamo hipotecario ha sido anulada por el Tribunal Supremo mediante su sentencia núm. 705/2015, de 23 de diciembre de 2015. (Ilustración: Forges) La lucha contra las prácticas bancarias en estos últimos años se ha encarnizado progresivamente. Con el comienzo de la tan desastrosa crisis económica que lleva azotando medio mundo desde hace algunos años, los consumidores han iniciado [...]