En un reciente artículo he explicado qué es y cómo funciona el régimen de gananciales, el régimen más importante, en cuanto a personas a las que les afecta, en nuestro país. Sin embargo, hablar de este régimen obliga a no dejar de lado el otro sistema con el que compite por ser el segundo más usado en nuestro país: el régimen de separación de bienes.
Cuando una pareja contrae matrimonio, siempre que no se otorgue una escritura de capitulaciones matrimoniales para determinar un régimen económico concreto, va a regir para ellos el régimen de gananciales, salvo que ese matrimonio se celebre en Cataluña o en las Islas Baleares. Esto es así porque en España el sistema que se va a aplicar por defecto en la mayor parte del territorio es el régimen de gananciales, mientras que en Cataluña y en las Islas Baleares el régimen que funcionará de forma automática será el de separación de bienes.
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El régimen de separación de bienes
Este sistema llamado de separación de bienes puede resumirse, simplemente, en la frase “lo mío es mío y lo tuyo es tuyo”. En el régimen de separación de bienes sólo van a coexistir dos patrimonios: uno por cada cónyuge; de tal forma que cada cónyuge continuará siendo dueño de los bienes que tuviera antes de contraer matrimonio, a los que sumará los que vaya adquiriendo durante el matrimonio, tanto derivados de su sueldo, adquiridos por herencia, comprados o por cualquier otro motivo, y seguirá administrando su propio patrimonio.
En definitiva, si el sistema que rige el matrimonio es el de separación de bienes, cada uno de los cónyuges mantendrá su patrimonio y tendrá una gestión económica en total independencia del otro, con la única salvedad de que ambos tendrán la obligación de mantener a la familia y contribuir entre los dos a los gastos derivados de esa vida en común.
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Las deudas en el régimen de separación de bienes
Sin embargo, al igual que cada uno mantendrá un patrimonio desligado del de su cónyuge y no va a existir un patrimonio común, cada uno va a ser responsable de sus deudas, de forma que a un cónyuge no le van a afectar las deudas contraídas por el otro, por lo que no existirá el riesgo de verse perjudicado por una mala gestión llevada a cabo por el otro cónyuge, ya que sus acreedores no podrán dirigirse contra otro patrimonio que el propio del deudor.
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